Quizás no sería la telenovela más taquillera, pero si fuese una, al menos se podrían encontrar varios elementos ‘cebolleros’ en la historia del último (y esperemos que el último) caso de colusión destapado en Chile.

Todo comenzó cuando la modesta marca Acuenta entró al pomposo mercado del ‘tissue’ (el término siútico para referirse a aquello que usamos para limpiarnos la nariz y el culo) de la mano de los supermercados Líder en el año 2000. Su llegada provocó inquietud en la competencia y desencadenó una guerra de precios, a raíz del bajo valor al que se vendían los productos del nuevo integrante del rubro.

Aburridas de ver cómo el papel higiénico se hacía cada vez más barato por la mayor competencia, las empresas que controlaban el mercado, CMPC (comúnmente conocida como la Papelera) y SCA (ex Pisa) acordaron subir los precios artificialmente y mantener sus porcentajes de participación en el mercado (76% y 24% respectivamente).

A veces, los ejecutivos de las firmas se reunían para intercambiar información sobre alzas de precios y la manera en la que estas se reflejarían en las tiendas. También se comunicaban a través de otros medios, pero como el plan no podía ser descubierto, tenían que ser muy cuidadosos.

Para esto, crearon cuentas de correo electrónico falsas con los nombres de “Mario Soto” y “Macnelly Morales”. Aunque en el 2008 dejaron de usarlos por el destape de del caso de colusión de las farmacias. Además, comenzaron a usar celulares de prepago e incluso en el 2011, CMPC arrojó uno de sus computadores con información crucial al canal San Carlos para deshacerse de la evidencia (¡chan!).

Al menos diez años pasaron en los que el plan se desarrolló sin ser descubierto. Desde el 2010, que es cuando el INE empezó a informar de las variaciones de precios en los productos, el valor del papel higiénico experimentó una alza de 34%, mientras que las servilletas lo hicieron en 27%. Y los dos grandes del papel pudieron mantener cuotas de participación similares a las que tenían originalmente.

No contaban con la astucia de la Fiscalía

De pronto, todo cambió cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) investigó de oficio (o sea, sin que hubiese una denuncia), alertada por una serie de factores de riesgo y características que hacían a ese mercado similar al de otros países donde se había detectado colusión. En diciembre del año pasado se ofició el inicio de la investigación, la que determinó que CMPC y SCA habían participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar los precios de los productos de papeles, por lo menos entre el 2000 y el 2011.

Durante el proceso, las dos empresas recurrieron a la delación compensada (mecanismo que permite que el primero de los coludidos en acusar a el/los demás, quede exento de multa o que reciba una menor; de modo de facilitar la investigación y llegar rápidamente a acuerdos reparatorios y otras sanciones). La primera en hacerlo fue CMPC, en marzo de este año, así que la Fiscalía solicitó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que quedara exenta de multa. En tanto, para SCA, por haberse delatado también (aunque segunda), pidió una sanción rebajada de 20 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA): algo así como US$ 15,5 millones.

Pero SCA no quedó contenta. Por lo mismo, ahora ambas empresas se están preparando para una disputa legal. Y es que la defensa de SCA quiere responsabilizar a CMPC de haber organizado el cartel. De hecho, en su primera declaración pública acusaron (un tanto dramáticamente) haber actuado “bajo la amenaza de ser sacados del mercado”. Con esto, esperan que durante el juicio en el TDLC, sean exentos de la multa que ya les había sido rebajada. Además, de comprobarse, CMPC podría perder los beneficios de la delación compensada.

¿Qué más pueden perder?

Como desde el año 2003, nuestra legislación no pena con cárcel los delitos económicos, se están buscando otras salidas para llevar el proceso por una vía penal. Se intentó con el caso farmacias y se intentará nuevamente con este caso. Y será el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, el que lleve la investigación de esta arista, a raíz de una denuncia presentada por los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD).

Pero no es fácil prever qué podría ocurrir en este sentido. Si bien con el caso farmacias, distintos ejecutivos de las tres grandes cadenas farmacéuticas se presentaron ante la justicia penal, los delitos que se les imputaban no pudieron ser comprobados, quedando en libertad. Además, se espera que la figura denunciada por los diputados Silber y Farcas sea la misma que se utilizó en esa oportunidad, la que correspondía a presunto fraude. Así que, por lo menos la experiencia en esta área, la arista penal pareciera ser poco prometedora, sobre todo por lo complejo que es comprobar este tipo de delitos. En todo caso, aún es prematuro sacar conclusiones, pues el fiscal no se cansa de repetir que están recién recopilando antecedentes para determinar la figura legal imputable.

Simultáneamente, la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora para revisar un posible enriquecimiento por parte del grupo Matte (CMPC) a raíz de un subsidio forestal entregado por el Estado a través de un Decreto Ley del ’74. Y esto es lo que le permite a la Cámara Baja revisar esta arista en particular del caso, ya que no posee las facultades para investigar a una empresa privada, pero sí todo lo que tenga que ver con el Estado. Como era de esperar, varios en el congreso piden eliminar el subsidio.

Incluso Uruguay anunció que investigará el tema. Así, se estaría sumando a los procesos iniciados también en Perú y Colombia. En caso de determinar alguna culpa, tanto en Uruguay como en Perú, la multa máxima corresponde al 10% de las ventas de las firmas involucradas. En Colombia, las sanciones llegan a unos US$ 25 millones por cada infracción cursada. Harto más que el riesgo que corren en Chile, considerando que las empresas están acusadas de dos cargos en dicho país.

Otro tema es la compensación monetaria a los clientes (literalmente, todos los chilenos que tengan un sistema excretor en su organismo) que las firmas podrían entregar por su voluntad o por mandato de la justicia. De hecho, las empresas están analizando la viabilidad del asunto con distintas consultoras. Paralelamente, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ya anunció que oficiará a CMPC y SCA para buscar compensaciones para los consumidores.

¡¿Que hiciste qué?! 

El escándalo de colusión fue descrito por el Fiscal Económico, Felipe Irarrázabal, como “uno de los más importantes” que han desbaratado. Por lo mismo, las reacciones no se hicieron esperar. Desde la Presidenta hasta los medios internacionales como la BBC  y The Guardian tuvieron algo que decir al respecto. Por supuesto, incontables figuras de la política y el empresariado también hicieron su paso obligado frente a las cámaras para repudiar el hecho.

Tanto así, que Eliodoro Matte, el presidente de la Papelera (CMPC) salió al paso pidiendo perdón en El Mercurio y aseguró sentir un “profundo dolor” por “estos hechos repudiables”, dando a entender que no estaba al tanto de los actos de la gerencia de una de las empresas más grandes de su holding, que incluye también a Entel Chile, BICE y Colbún, entre otros; a la vez que afirmó que tomarían medidas para que no volviera a ocurrir. El gesto fue valorado por los empresarios e incluso por el Gobierno, pero también fue considerado insuficiente, pues no se refirió a alguna forma de reparar el daño. Por ello, el gobierno enfatizó que trabajarán para endurecer las penas en esta materia.

Por otra parte, el empresariado tomó distancia de los involucrados. La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) comentó que hasta existe la posibilidad de excluir del gremio a las empresas coludidas. Mientras tanto, Sofofa ya anunció la suspensión de CMPC del gremio mientras dure la investigación. Además anunciaron que revisarán las políticas de gobiernos corporativos, también “dolidos” por este “hecho anómalo”.

El gobierno se saca el cinturón

Como dijimos antes, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto y puso urgencia a la ley que repone las penas de cárcel para ciertos delitos económicos, además de hacer las multas proporcionales al daño causado, en lugar de establecer un monto fijo, como es hoy. Puedes ver el detalle de esta iniciativa legal en este artículo que hicimos al respecto.

Además, la Moneda lanzó una fuerte ofensiva pidiendo la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar los perjuicios fiscales derivados del escándalo. Esto llamó la atención, ya que nunca se había recurrido a este organismo en este tipo de casos antes que el Tribunal se pronunciara al respecto. Para algunos, se debe a un movimiento político de la Moneda para sacarle provecho a la situación en términos de mediáticos, además de debilitar las presiones empresariales en medio de las discusiones por las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Laborum.com, ven a mí

Además, durante toda esta investigación, casi una decena de ejecutivos han sido desvinculados de las empresas coludidas. No obstante, se informó que, por lo menos desde CMPC, no demandarán a los ex ejecutivos ligados al caso, los que además recibieron su compensación por años de servicio. Según explicó la compañía a Pulso, esto se debe a que es necesario, para el proceso de delación compensada que ha asumido la empresa, el no tomar represalias contra los gerentes (más allá de despedirlos) pues sólo de este modo los involucrados están dispuestos a colaborar con la investigación del caso. De haber optado por perseguirlos penalmente o despedirlos sin compensación, argumentan, los ejecutivos hubiesen negado todo, haciendo casi imposible la investigación de la fiscalía.

A río revuelto…

Pero de toda la telenovela, quien se quedó con el final feliz fue la competencia. El escándalo generó gran molestia en la población, lo que se vio fuertemente reflejado en las redes sociales. Distintos llamados a boicotear las marcas coludidas (Elite, Confort, Nova, Noble, Orquídea, Favorita y Magiklin) hicieron que sus ventas se redujeran y se dispararan las de las otras marcas..

En dos días, Kimberly Clark (la empresa de Scott, el cachorrito) vendió el equivalente a una semana de ventas. Por su parte, Acuenta, la razón del origen de todo este embrollo, también gozó de una mayor frecuencia de reposición de productos en las góndolas. Tanto así, que las marcas no coludidas llegaron a desabastecerse en algunos puntos. Incluso se estima que las marcas ‘alternativas’ (que no eran muchas, en todo caso) experimentaron un aumento del 50% en sus ventas.

Por mientras, las empresas coludidas se preparan para una guerra judicial por distintos frentes. Desde la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la arista penal llevada por la Fiscalía, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, las investigaciones llevadas a cabo en Perú, Colombia y Uruguay, el oficio presentado por el Servicio Nacional del Consumidor, hasta el resultado de la evaluación de perjuicios fiscales por parte del Consejo de Defensa del Estado, se les viene encima. Una cosa está clara: muchos estudios de abogados estarán bien abastecidos de papel higiénico por muchos años.

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